La no-opción de tener discapacidad, parte 1

No basta con tener discapacidad, hay que socialmente pagar por ello. 

Y sabemos que, lastimosamente, el sistema funciona con base a la desconfianza, a todo nivel.

En el caso de la salud, este tema se complica. Si te sientes mal (desde una simple gripe, fiebre, cólico menstrual, hasta alguna enfermedad crónica) tienes que dejar constancia de ello en un papel, con la firma de un tercero que asegure que eso es cierto; nunca será suficiente con tu palabra.

Claro, inmediatamente una piensa: “si no fuera así, mucha gente mentiría”.

De acuerdo, y por gente mentirosa y viveza criolla quienes de verdad necesitan un día de descanso deben involucrarse en un drama de papeleos y trámites.

Los debates sobre permisividad están siempre abiertos: ¿qué pasa en una sociedad en la que es legal el consumo de drogas recreativas? ¿esto aporta a que se reduzca o se incremente y se vuelva un golpe social, un fracaso?; ¿en las sociedades en las que el aborto es legal, como un derecho de la mujer, las cifras de abortos crecen? Para nada. Esto me lleva a recordar la época del colegio, por ejemplo. En una institución educativa permisiva y relajada no habría tenido ninguna gracia hacer travesuras y saltarse la ley, lo encantador era que con tanta disciplina no te descubran; con padres permisivos, no había necesidad de mentir, y así sucesivamente.

Soy una firme creyente de que es posible construir sociedades basadas en la confianza. 

Porque si no, siempre terminarán pagando justos por pecadores. 

Primera parte: Calificación y certificación: “le juro que tengo una enfermedad catastrófica y no estoy mintiendo”.

Y de hecho, no quiero tenerla. No fue mi decisión ni mi elección. Lo que le pido es que me certifique que no miento,  porque donde estudio/trabajo no me creen si no es con su firma.  La mía no garantiza nada.

Tuve una experiencia desagradable, hace ya varios años, sacando el carnet del CONADIS,

sin embargo fui privilegiada, considerando que no tuve que esperar meses por un turno: envié una carta a la Presidencia indicando que requería con urgencia del carnet, ya que estaba próxima mi matrícula en la universidad y que requería que ingresen en mi expediente esta condición, con el fin de que en caso de necesitar faltar, no sumen las faltas y no pierda mi beca completa. Así que gracias a una comunicación desde Presidencia me atendieron de inmediato en el hospital público (sin esperar, como me dijeron en ese lugar, tres meses para el turno de atención), y el trámite demoró  un poco más de tres semanas en dicho centro.

La primera meta a conquistar fue la trabajadora social del hospital, que debe ser obligadamente público (si, porque supongo que todas las clínicas particulares son susceptibles de aceptar dinero a cambio del certificado, o esos médicos son presuntos mentirosos/farsantes, y eso no los autoriza a otorgarte el carnet... o porque la gente paga por él, mintiendo una discapacidad para obtener "beneficios": viveza criolla que genera desconfianza, de nuevo: no somos todos).

La funcionaria me miraba de pies a cabeza, espulgándome mientras se preguntaba qué rayos hace una niña bien en un hospital público, y si me hubiera preguntado le habría dicho que no es mi elección, que así lo manda la ley. 

Así que mi presencia parecía que no era de su agrado, y lo que imperaba de su parte era una actitud despreciativa, dudosa de mi honestidad y de la de mi requerimiento. Asistí como a cuatro entrevistas con ella y su colega, y cada vez aparecía una nueva traba; a cada obstáculo de su parte, yo revisaba la ley orgánica de discapacidades, y les respondía que estaban equivocadas, y así la siguiente vez tenían un nuevo argumento, y yo una nueva respuesta; recuerdo la insistencia sobre que mis certificados y exámenes médicos no tenían valor porque eran de centros y hospitales privados. Busqué en la ley y no había nada… a mi amable y moderado reclamo (no sentido, pero obligatorio si quería que me sigan “ayudando”, el poder real y efectivo de los funcionarios y su buena voluntad), me dijeron que revisarían… me alejé un poco y las escuché susurrando “pero doctora, ya no le trabemos más… cierto es que no hay ley para exigirle eso… ya dejémosle no más ir a calificación”.

Siguiente paso: la calificación con base a los certificados, una vez que las trabajadoras sociales consideraron que sí estoy enferma. Una médica, en su consultorio, con una fila de tres personas con evidentes discapacidades físicas con turno de entrada anterior al mío. La primera, una anciana sin brazo, que no pudo ni siquiera ingresar a esa oficina, porque la encargada le gritó “pero ya le dije que usted no es discapacitada… tiene otro brazo, señora”. El mismo comentario fue para el señor que tuvo el segundo turno, que había perdido un ojo, pues está claro que tiene otro, y no amerita el carnet (según la calificadora, claro). La tercera persona era un chico en silla de ruedas, con parálisis cerebral, quien entró con su madre, y fueron atendidos a puerta cerrada.

Finalmente llegó mi turno, y ya no quise ni entrar, pero luego de tremendos y profundos debates con las trabajadoras sociales consideré que era un triunfo haber llegado al siguiente nivel.

La doctora recibió mis exámenes y certificados médicos que avalaban mi condición, diagnósticos, recomendaciones de neurólogo, cirujano vascular, bioenergético tratante. Me dijo, al igual que sus compañeras funcionarias, que debían ser del hospital en el que me encontraba, certificados por su neurólogo. Le dije que eso no está en la ley, y que además el examen principal, bastante costoso, fue hecho en un centro de los dos únicos que tienen la máquina requerida. 

Aceptó de mala gana, y sacó la biblia de la calificación de discapacidades, pues las mías son múltiples; un mega libro en el que están citadas todas las enfermedades calificadas como discapacitantes. Entonces procedió a calificar a cada una: “por A… le pongo 30… por B..., digamos que 25, esto es más grave, pongámosle… 50”. Además, la doctora me iluminó con el hecho de que al tener seis cirugías hasta ese momento, eso podría significar que ya no estoy “tan mal”, así que no requiero mayor puntaje. No importaron los exámenes y certificados, ese era su criterio. Metafísica del poder una vez más. Desconfianza y dudas, una vez más.

Me dio una hoja llena con sus veredictos y me indicó que suba donde otra trabajadora social, encargada de indagar sobre la parte socioeconómica. Subí con la hojita de sus calificaciones. La funcionaria era amable, me acuerdo justo porque fue la única que me dejó buena impresión.

El interrogatorio fue más o menos así: “Verá, su posición socioeconómica pesa en la calificación… se promedia con la de la doctora, ¿no? Así que me va respondiendo por favor con la verdad: ¿nivel de estudios?; ¿zona de residencia?; ¿cargas familiares?; ¿casa propia o arrendada?; ¿cuántos hermanos tiene?”.

Puntué cero: iniciaba el cuarto nivel de estudios, vivo en Bellavista en un departamento de los años 80 que compré con préstamo hipotecario a 10 años, y que ya terminé de pagar, no tengo hijos ni hermanos, y los perros y gatos no cuentan como familia. Soné.

De casi 65% de promedio de los problemas físicos, a su vez promediado con la situación socioeconómica, terminé en 33% como calificación.

Parte final del periplo (final alargado): con la hojita, tenía que ir a un centro de salud para que me emitan el carnet. Primero fui al de La Tola, en el que me indicaron que cayó un rayo y se quemó la computadora de la persona encargada de emitir los carnets, y que estaba en trámite la asignación de otra, y que no sabían cuándo pasaría ese magno evento. Como una anécdota "divertida", mientras nos contaban este cuento, rompieron el vidrio del carro de mi papá que me acompañó, y nos robaron la radio.

Fuimos al centro de salud 2, en Las Casas. Mi papá se quedó cuidando el carro sin ventana, y yo fui a solicitar el carnet. Resultó que el doctor encargado de la emisión del documento estaba de vacaciones, y en su lugar no había quedado nadie para resolver estos temas. Teníamos que esperar a que regrese.

Por efecto de una amiga que tenía una amiga en el centro de salud de Calderón fui a parar allá con la recomendación y el pedido de urgente. Finalmente ahí me entregaron mi carnet, funcionarias mucho más amables que en todos los otros lugares, breve y sin trámite. El viaje en bus alimentador demoró más que la emisión del carnet ese día, pero valió la pena.

Y este es el brevísimo relato de la aventura tramitológica de sacar el necesario documento. Para la segunda parte, algunas de las experiencias laborales para una profesional con discapacidad.