¿Qué retos tiene la izquierda progresista para la agenda urbana?

“La ciudad es el espacio público por excelencia”

Oriol Bohigas, arquitecto y planificador urbano español.

La izquierda tradicional fue incorporando, desde inicios de este siglo, prácticas participativas que mantuvieron la priorización de la justicia social en los temas tradicionalmente tratados como prioritarios para el mejoramiento de las condiciones de vida.  En los últimos años se sumó la categoría de “progresismo”, la cual concibe a la justicia social como una cuestión de redistribución económica ante todo.  Esta fusión permitió que nuestro país tenga un horizonte claro durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, en cuanto a planificación nacional.

¿Qué nos hace identificarnos con estas tendencias ideológicas que priorizan lo social?  Cuando pensamos en “izquierda” la vinculamos con valores que van de la mano de la búsqueda de justicia social: la equidad, la distribución equitativa, las reivindicaciones de causas sociales, la vida digna.

Sin embargo, ¿no mantiene en su discurso la derecha, también “progresista”, los mismos valores al referirse a temas de ciudad?  Si revisamos todos los planes maestros de ciudad, particularmente en el caso de Quito,  notaremos que incluyen estos criterios, además de otros conceptos urbanos de avanzada, como sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida.  Al mismo tiempo, el concepto del Buen Vivir se incorporó en nuestro país a partir de una Constitución progresista de izquierda, y engloba todas estas tendencias.

Algo similar sucede con la categoría de “participación”.  Una gestión participativa implica redistribución de poder; así, desde las tendencias más orientadas a la derecha se propone la participación para descentralizar al Estado y restarle poder de decisión y resolución de problemas urbanos; desde tendencias orientadas a la izquierda,  se orienta la gestión participa es vista más bien como un proceso de articulación y acercamiento de la ciudadanía al Estado y lo público, y de ahí la importancia de la organización de la comunidad para lograr este vínculo. 

Así,  estos postulados son utilizados para los temas urbanos independientemente de las posiciones ideológicas. 

Entonces, ¿cuáles dimensiones nos corresponde promocionar y defender como ideas de izquierda progresista para nuestras ciudades?

•     La revolución como estrategia de transformación y cambio.

•      Los sectores populares.

    Lo popular, en tanto categoría socioeconómica, se asocia directa y exclusivamente con criterios de clase. Los sectores populares, que además son mayoritarios, demandan condiciones de vida digna de las que el resto de sectores ya han abastecido, como los servicios básicos, la legalización de sus viviendas, el acceso a la educación.  Las necesidades de los sectores populares han sido una prioridad para el pensamiento de izquierda, y la satisfacción de ellas debe seguir siendo una prioridad, al igual que dignificar su presencia y permitir su voz en las decisiones sobre los territorios.

•      La diversidad socioeconómica, pero también la cultural y etaria.

   Procurar la construcción de una izquierda incluyente con los sentires culturales y diversos, incorporando elementos de distintas identidades y formas de pensamiento que aporten a la construcción de sociedades más equitativas.  El papel de jóvenes y mujeres en las luchas sociales es fundamental para la equidad.

•     Recuperar la dimensión ética de la política: la política como vocación de servicio.

Mantener coherencia entre lo escrito y lo que se hace.  Muchas de las actuales ordenanzas tienen criterios claros y novedosos, , pero no resultan exitosas en su aplicación y menos aún en su control.

•     Valores que propugnen la primacía del ser humano sobre el mercado y el capital.

Del mismo modo, que cada quien aporte con lo que le corresponde de acuerdo a su salario y sus condiciones económicas.  Es básico mejorar la recaudación tributaria, y generar educación en el tema de modo que se pierda el miedo a las multas, y se adopten mejores comportamientos.  Los peajes, por ejemplo,  como fondos para administrar vías para sus usuarios, y el deterioro urbano (físico, contaminación por ruido y del aire, etc). Sin embargo, no se piensa en los beneficios colectivos de estos aportes, por lo que urge superar el individualismo neoliberal.

•     Fortalecer la sociedad para la transformación ética

“Una revolución necesita al menos dos condiciones básicas: transformar las instituciones y al sujeto” (plan de gobierno Alianza País, 2017-2021). Para el efecto, son fundamentales la conformación de tejido organizativo y la formación permanente para adquirir herramientas de participación, gestión y veeduría de lo público. 

En la actual coyuntura es prioritario recuperar la clase media progresista que se alejó del proyecto político por falta de estrategia y experiencia política de líderes, desacuerdos coyunturales, y otras causas  diversas, y que es un apoyo importantísimo para la consecución de la equidad y la justicia sociales.

•     Mayor conciencia del significado de lo público, el bien común y los intereses colectivos.  Colocar al espacio público como el eje articulador de lo urbano.

Actualmente existe desvinculación de la ciudadanía con los espacios públicos, como generadores de vínculos y dinámicas sociales, necesarios para la vida urbana.  Urge reivindicar los espacios públicos y vigorizar la presencia ciudadana en la actividad de la ciudad.  También es necesario generar las condiciones de accesibilidad a todos los grupos sociales para la democratización de este espacio.  En este sentido, el tema de la movilidad urbana está vinculado directamente con temas de desigualdad y privilegios de minorías pudientes sobre mayorías: en Quito, aproximadamente el 70% son usuarios de transporte colectivo, peatones y ciclistas, pero el 30% del espacio público está destinado para ellos. Algo similar sucede con el tema de las urbanizaciones cerradas y la falta de espacios de encuentro colectivo.

Democratizar el espacio público también implica enfatizar en procesos culturales y educativos, implantando bibliotecas públicas y centros culturales, y el uso libre y gratuito del internet, al estilo de los Infocentros construidos durante los 10 años de Revolución Ciudadana.  A la par, proponer la organización comunitaria para las redes de comunicación, la igualdad en la asignación de frecuencias y el comercio organizado y solidario.

La conciencia sobre lo público tiene un efecto positivo e inmediato en el tema de seguridad: no basta la infraestructura (centros de vigilancia policial, etc), la organización comunitaria es un puntal para fortalecer las condiciones seguras en las calles.

•     Participación ciudadana permanente

Invitar a participar no debe ser confundido con la conformación de clientelas con fines electorales: temas sensibles, como el de la vivienda digna, acarrean generalmente tendencias corporativistas y formaciones de clientelas coyunturales.

El ejercicio del presupuesto participativo permite que los recursos públicos se orienten al cumplimiento de demandas ciudadanas reales, determinadas desde los actores-usuarios.  Este ejercicio es una oportunidad para ejercer equidad para el desarrollo local, la priorización, la recuperación del debate público y del lugar público.

•     Planificación urbana con base a la equidad y la justicia social

Es prioritario el ordenamiento territorial y la planificación ordenada, que no responda a egos de los gobernantes de turno, si no a las necesidades reales de la ciudad.  Se debe hacer énfasis en combatir la especulación del suelo,  con una gestión eficiente desde el GAD, que democratice el acceso al suelo y la vivienda.

Los planes de uso y gestión del suelo para la construcción de vivienda popular deben ubicarse en la medida de lo posible en sectores centrales de la ciudad, donde ya exista cobertura de servicios básicos y se tienda a la reducir los traslados.  Además, deberán procurar el equilibrio entre vivienda y espacios públicos.

Estas consideraciones se resumen en lo que se desde las últimas décadas del siglo anterior se plantea como “derecho a la ciudad”, lo cual implica: gestión democrática, priorización  del interés general al particular y garantía de un hábitat seguro y saludable, todo ello procurado a partir de políticas de participación, seguridad, planes de movilidad sostenible, anticipando a los grupos de atención prioritaria, revitalizando los espacios públicos y generando vivienda digna y servida, con espacios de ocio y recreativos, como necesidades básicas para el disfrute y la identificación con la ciudad y los vecinos de ciudad.

Quito

Históricamente la izquierda ha mostrado su preocupación en lo urbano por los temas de vivienda popular,  segregación espacial y escasez de servicios básicos.  Actualmente, con una cobertura promedio de 96% de servicios básicos (año 2014),  es indispensable recoger desde la ciudadanía prioridades y demandas adicionales:  

C0BERTURA SERVICIOS BÁSICOS QUITO DM	%
AGUA -  red pública	96,03%
BASURA -  carro recolector	96,52%
ALCANTARILLADO – red publica	90,91%
ELECTRICIDAD	99,55%

Durante las últimas administraciones municipales se ha adolecido de falta de planificación,  y de una pobre y limitada visión de ciudad.  Se ha realizado grandes obras, con gigantes presupuestos, como monumentos a la memoria del alcalde de turno, ya que son obras que benefician a estratos acomodados (generalmente obras viales, intercambiadores, túneles para usuarios de transporte privado). Los beneficiarios no han sido las mayorías.  Como muestra, basta con hacer un ejercicio presupuestario en el tema de transporte y movilidad:  ¿cuánto se ha invertido para la construcción de autopistas, carreteras y vías para vehículos, y cuánto para mejorar la seguridad peatonal y el acceso a transporte colectivo? 

En Quito hay una crisis de propuestas urbanas desde la clase política, desde los partidos, en cuanto no han sabido cumplir su rol de intermediadores entre el Estado y la sociedad.  La obra pública ha respondido a cálculos electorales más que a un ejercicio participativo de priorización de demandas. 

Asentamientos del sur y del norte, habitados por sectores populares, han sido el blanco de las administraciones más vinculadas a tendencias de izquierda, ya que se ha intervenido en el tema de legalización de barrios, la cual además es planteado como una estrategia de réditos electorales y conformación de clientelas. En las ciudades es más clara la tendencia de gobernar con permanentes intenciones electorales

La concreción de la política,  en tanto servicio y construcción de ciudadanía y de lo público ha estado afectada en la ciudad de Quito por procesos de segregación tanto física como simbólica, privatización de espacios públicos y falta de planificación.  En administraciones de la centro-derecha se contribuyó a la diferenciación sur/norte, en cuanto se invirtió con criterios estéticos en el norte de Quito, mientras el sur fue dejado de lado; el único nexo entre ambos mundos fue la creación del Trolebús. 

En la anterior administración, vinculada a la izquierda progresista, hubo inversión en temas de regeneración urbana (soterramiento, bulevares), que se promocionaron como recuperación de espacio público; sin embargo, fue evidente la escasez de políticas urbanas estructurales y de educación ciudadana.  Desde la sociedad civil se generaron varias propuestas, pero la participación a colectivos se limitó o fue cooptada; la agenda desde los nuevos movimientos urbanos no ha sido aún del todo acogida o asimilada por los partidos y autoridades de turno. 

¿Qué tiene para ofrecer una tendencia de izquierda progresista a nivel urbano?  Propuesta de acciones.

• Es fundamental dar paso a nuevos temas de la agenda urbana, algunos de ellos de urgente tratamiento, que permitan racionalizar, estatizar y centralizar la producción de ciudad.  Proponemos:

a)    vivienda: legalización, no especulación del suelo, dotación de servicios básicos, arriendos justos
b)   transporte digno y solidario, movilidad segura, accesibilidad
c)    comercio popular y solidario, reactivación para el empleo
d)   espacio público de calidad: seguridad ciudadana, vida cultural, infraestructura segura para grupos de atención prioritaria y mayorías
e)    educación permanente en formación política y  ciudadanía, y sus valores fundamentales: solidaridad, respeto, igualdad, equidad, justicia
f)    fortalecimiento inclusivo de la sociedad civil: sectores populares y clases medias, gremios profesionales, empresariales, para una construcción colectiva de ciudad

• Para gobernar anticipando lo popular se debería priorizar temas como la vivienda, las tarifas de servicios, el transporte. Es imprescindible para la izquierda articular un discurso que se arme desde los territorios, de modo que lo local alimente la creación de un movimiento nacional de izquierda. 
• Los ejes transversales de una propuesta urbana podrían incluir: énfasis en la construcción del hábitat sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida, y el cogobierno con la ciudadanía.  Esto es posible desde la implantación de mecanismos reales de participación.
• Para su ejercicio,  se debe retomar el establecimiento del presupuesto participativo, gestionado desde las organizaciones de base, temáticas y la ciudadanía. Las prácticas participativas deben significar un cambio efectivo, real, en las relaciones de poder, en cuanto al acceso para la toma de decisiones de parte de actores que tradicionalmente no son escuchados.
• Una ciudad inclusiva debe darle nuevos significados a lo público.  Se debe revisar el funcionamiento de la institucionalidad municipal, en la que la participación también tenga un rol protagónico.  Por otra parte, se debe planificar sin descuidar las esferas físicas, sociales, identitarias.
• Otro elemento fundamental para convertir a Quito en una ciudad inclusiva es jerarquizar los servicios de acuerdo a las necesidades de los diversos grupos sociales de la ciudad.  El reconocimiento de mayorías, (usuarios de transporte colectivo, jóvenes, etc), permitiría que las políticas públicas destinen presupuesto que se concrete en obras reales.
• Priorizar lo mayoritario sobre lo corporativo: los acuerdos con los transportistas, por ejemplo,  son indispensables para frenar su poder excesivo sobre las autoridades de turno.  De igual modo, las restricciones para los automóviles livianos no deben estar sujetas a ofertas de campaña: una nueva agenda debe pensar en las alternativas de movilidad que favorezcan a la mayoría y dignifiquen sus condiciones.
• De ahí, la suprema importancia de una voluntad política firme para emprender procesos participativos, y para la toma de decisiones sin las amenazas gremiales.  El concejo tiene un rol fundamental para estos cometidos, por lo que es imprescindible restarle poder a las empresas que actualmente actúan casi con autonomía en el gobierno local.