A propósito de “El anarquismo en el Ecuador”, de Alexei Páez Cordero

Hace poco más de una década surgió en este país un colectivo, liderado por un economista liberal, partícipe de políticas neoliberales y asesor en varios gobiernos, quienes se autodenominaron como “libertarios”.  A partir de esa aparición, esta palabra se fue volviendo parte del lenguaje cotidiano para confundir y acomodarse a referentes de moda.  Hoy, se reconoce libertario el alcalde, que denomina libertaria a la ciudad de Quito a propósito de sus “fiestas”, y es aplaudido por los jóvenes libertarios tradicionalistas y conservadores, que propugnan el individualismo por sobre todas las cosas, que defienden sus derechos por sobre el colectivo y aparte de cualquier cosa que suene a comunidad, a excepción de la “iberósfera”.

Se han apropiado del término, a secas.  ¿El origen de la confusión? A mediados del siglo XX varios economistas y pensadores gringos defensores de los derechos civiles deciden secuestrar el término y voltearlo como defensa del capitalismo más antiestatista posible.  Se autonombran como “libertarios”, para mostrarse como una nueva propuesta, pretendiendo no ser identificados con alguna cosa que suene a ideología.  Ese “libertarismo” es el que llega como novedad a nuestro medio, para además irse distorsionando aún más y sumando elementos conservadores y neoliberales, apoyando a las fuerzas represivas, despreciando a los extranjeros, entre otras taras.  

Porque recordemos que las ideas libertarias, gestadas en el siglo 19, y cercanas en sus raíces al comunismo y al socialismo en varios postulados, buscan abolir el capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción, o bien normar sus efectos nocivos hacia la sociedad, por considerar a la propiedad privada como el principal obstáculo para la libertad.   

Que nos quede clara la confusión.  Porque al hablar de "El anarquismo en el Ecuador", de Alexei Páez Cordero, estamos compartiendo sobre un texto libertario, escrito desde el sentimiento y la razón de un libertario, de los de verdad. El anarquismo libertario que expone Alexei cree en la revolución social como el único camino para la liberación de los explotados, cuyo camino de arranque es la organización social, con participantes activos que consideren las ideas libertarias para asumirlas como un modo de vida, con el fin de lograr la emancipación, con una transformación individual y colectiva, con una distribución equitativa de lo producido, atendiendo a la máxima: “a cada quien según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades”.

La columna vertebral del pensamiento libertario emancipador, y esa es una de las enseñanzas más atesoradas que guardo del amado viejo Páez, es la ética, que desde los planteamientos anarquistas, expuestos por Alexei, se presenta como lo opuesto a la corrupción del mundo por efecto de un sistema explotador y alienante, por efecto del capitalismo y su modelo de democracia.  

La ética permea también hacia los vínculos sociales que no serán excluyentes de la condición étnica o cultural, propugnando la hermandad, la igualdad y el anti racismo.  La ética personal no contradice en nada el ideal de una sociedad libertaria, cuyo objetivo es la existencia de humanos libres, movidos por la ayuda mutua, y caminando juntos hacia una revolución completa, masiva, sin intereses particulares, anti autoritaria, anti estatista, anti propiedad privada, anti guerra, que propugna claramente una reconciliación de los humanos y la naturaleza.

Asumir el pensamiento anarquista libertario como un modo de vida exige coherencia, cotidianamente ideologizada e interiorizada, ejercida como práctica para el refuerzo de una condición humana solidaria, y de una identidad colectiva particular pero con fines comunitarios: nos referimos a las acciones colectivas con luchas puntuales, orientadas a la urgencia del cambio del sistema capitalista, desde trincheras temáticas específicas, las que buscan el cambio radical del sistema.

A todo esto, y entrando en mi reflexión, la pregunta es: ¿podemos hallar en los discursos y propuestas de nuevos movimientos ecuatorianos, y de otras formas de movilización social, contenidos anarquistas libertarios? ¿A qué nos referimos con ellos, desde la propuesta de “El Anarquismo en el Ecuador”?

Consideramos que varios colectivos y grupos organizados podrían inscribirse bajo todas estas motivaciones.  Por efecto de una educación privilegiada, y tal como señala Alexei en su texto, es entendible que los contenidos ideológicos y los planteamientos para la acción surjan desde la intelectualidad de la clase media, tal como sucedía a inicios del siglo XX: los postulados son construidos desde este sector, aún cuando sean demandas ajenas a su situación de clase.  En nuestros días, varias demandas de colectivos organizados son desacreditadas desde la propia izquierda por esta proveniencia: organizaciones de mujeres, de animalistas, de ambientalistas.  

Los discursos y acciones de estos colectivos son cercanos al anarquismo libertario en cuanto se presentan como reacciones frente al crecimiento del capitalismo y su permanencia en diversos espacios de la vida, pero sus críticas nacen desde sus demandas temáticas.

Así, una parte activa del movimiento de las mujeres se identifica con las causas populares y propone la abolición del capitalismo como sistema de explotación y opresión por medio del patriarcado.  Este sector incluye reivindicaciones de clase y se identifica con la izquierda en tanto camino para conseguir sus demandas.  Sin embargo, dentro del movimiento de mujeres, que ha tomado fuerza en el último quinquenio en nuestro país, también existen orientaciones que buscan deslindarse de implicaciones ideológicas.  Cabe recordar que, en los orígenes del anarquismo libertario, las mujeres tuvieron un rol fundamental en tanto opositoras al capitalismo, tal como lo reseña Alexei en su texto .  Los ideales libertarios de los principales teóricos anarquistas contaron con la participación activa de las mujeres, y bajo condiciones de igualdad.

Los grupos en defensa de los derechos de los animales se han construido también, probablemente de forma intencional, bajo postulados mantenidos por los ideales anarquistas libertarios.  La “reconciliación del hombre consigo mismo y con la naturaleza” aparece como una de las principales metas del libertario , y es una de las causas que origina el interés por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.  La horizontalidad dentro del colectivo, el rescate de estrategias cooperativas, el radicalismo de los movimientos animalistas, principalmente conducidos por jóvenes, podrían reconocerse como herencias de los ideales libertarios.  La búsqueda de una sociedad sin explotación hacia los vulnerables, que pueda subsistir con base a una producción sostenible y distribuida de forma equitativa es un planteamiento evidentemente anticapitalista, el cual enarbolan los colectivos animalistas organizados.  También los debates incluyen el rol de las hembras en la explotación animal, por lo que este movimiento retoma varios ideales incluidos en el pensamiento feminista libertario.

Otros grupos ambientalistas de carácter urbano se han visibilizado mostrando en su organización y estructuras una intencionalidad de cambio que responda críticamente y desestabilice al sistema capitalista.  Asambleas ciudadanas por el rescate del espacio público, colectivos de peatones y de ciclistas, quienes han orientado sus postulados y acciones para impedir el deterioro de las condiciones de vida urbana, volverla sostenible y recuperar la vida de los barrios y los encuentros comunitarios, son algunos de los ejemplos que incluimos en este reconocimiento.   

Los colectivos de diversos intereses que hemos mencionado, aparte de mostrar claridad en su postura anticapitalista, también son espacios donde lo comunitario, lo social y la organización han sido puntales para su existencia.  Por regla general, estos colectivos rechazan la injerencia directa y autoritaria del Estado en la toma de decisiones sobre temas que los vinculan, también su propia participación dentro de la esfera política partidista se vive con desinterés, pese a que para la concreción de sus objetivos sea fundamental su presencia en la arena pública con estrategias de publicitación de sus lineamientos y acciones.  

Desde los postulados del anarquismo libertario trasciende la intencionalidad de lograr una sobrevivencia basada en el cooperativismo como estrategia de resistencia, tanto entre humanos hombres y mujeres, cuando con el resto de animales y la naturaleza, tal como se reconoce en “El anarquismo en el Ecuador”.  El éxito como especie para lograr condiciones más justas e igualitarias, más equitativas, depende de la interdependencia y la complementariedad de los diversos aportes, siempre en el marco de la ética y con la claridad del objetivo último: la resistencia al sistema capitalista, construida con solidaridad y con la recuperación de valores comunitarios para finalmente derrocar al capitalismo.  Las comunidades virtuales y los voluntariados, en tanto comunidades solidarias, son ejes tanto del anarquismo libertario como de varios de los grupos organizados que hemos incluido en este ensayo. Pan, libertad, amor y ciencia: la receta para la abolición de la explotación, humanos solidarios y cooperando para el bienestar común.  

Concluyendo, al abrigo del aporte de Alexei consideramos necesaria, indispensable, una definición ideológica para el éxito de las luchas sociales por los derechos y reivindicaciones de los explotados, de los oprimidos.  Y en este sentido, los lineamientos anarquistas en tanto liberación de los vicios del capitalismo vienen a ser la inspiración final de los colectivos organizados a los que se ha hecho mención.

La no-opción de tener discapacidad, parte 2

Segunda parte: ¿tienes discapacidad y quieres servir al país desde el sector público? Prepárate para decepcionarte.

Mi inserción en el mercado laboral público inicia forzosamente como consecuencia de la crisis de los financiamientos para las organizaciones de la sociedad civil, donde trabajé por 10 años más, menos.

Mi primera experiencia desalentadora se dio en el Municipio de Quito.  Coincidió con una etapa crítica de mis malestares, por lo que requería moderar mi jornada laboral; la propuesta, con mi jefe directo, fue hacer una sola jornada de 6 horas, sin almuerzo, para poder tomarme la tarde y descansar.

Con esa idea, y todos los certificados recientes que me avalaban esa condición, me dirigí donde el funcionario de "Talento humano". Este personaje, al que nunca encontraba en su escritorio pues según sus compañeros estaba siempre en "capacitaciones", y luego de un mes de insistirle sobre la respuesta a mi propuesta me dijo por fin que "me va a ayudar":  le indiqué que no me estaba ayudando, que estaba en mi derecho de exigir esas condiciones laborales.  Su respuesta fue más decidora que su poca voluntad de "ayudar": "lo que pasa es que no sabemos cómo manejar su caso, porque el personal de la cuota de discapacidad que tenemos acá es de limpieza no más, y solo trabajan horas, usted no debería trabajar, y así no habría problemas".  

Indignada, me dirigí al área de Trabajo social, en la Administración general.  Allí me atendieron dos funcionarias con las que revisamos tanto la Ley orgánica de discapacidades como su reglamento.  En efecto, NO existe un artículo en el que se proteja al trabajador con enfermedad catastrófica y discapacidad con relación a la duración de la jornada laboral; hay un articulado para proteger a los familiares de una persona con discapacidad, el cual les concede hasta dos horas diarias de reducción de la jornada laboral para encargarse de los cuidados de su pariente.

Intentando reflexionar con las funcionarias, a una de ellas le pareció que no había razón para una reflexión, ya que consideró super lógica esta omisión: "claro que no hay legislación que permita jornada de menos horas para discapacitados, si no para sus familiares, porque los discapacitados no pueden trabajar, pues".  

Me rendí y dejé de insistir hasta que por razones iguales de repulsivas, que no aplican a esta entrada pero sin duda algún rato contaré, renuncié.

Un año después me vinculé al equipo de trabajo de la Vicepresidencia. En este caso, el trabajo demandaba que nos quedemos más horas del horario habitual.  Me dirigí al área de talento humano para comunicarles que no estaba dispuesta para trabajar más de ocho horas, que no se lo deberían pedir a nadie, así que apelando a mi condición esperé una respuesta compasiva, o al menos comprensiva.  La respuesta de la funcionaria fue: "uy mijita, de gana se ha metido, lo que pasa es  que las personas con discapacidad no deberían trabajar".  

Mi último encuentro con personajes talentosos humanos fue en la Asamblea Nacional.  Una amable funcionaria descubrió casi por casualidad de mi condición de salud, y me comunicó que en mi expediente no contaba mi carnet del Conadis, pese a que lo entregué con todos los documentos para mi ingreso.  Fuimos juntas a hacer el registro, para poder acceder a los "beneficios" (...) por esta condición.  Solicitamos mayor flexibilidad en mis  horarios, tanto por la naturaleza de mis funciones, como porque cuando hay algún episodio fuerte, nada saco con ir al médico, así que esa falta será "injustificada".  Insistimos con el funcionario que ingresó mi expediente, el cual nos escuchó hasta que finalmente me dijo: "verá, lo que pasa es que no podemos hacer válidos sus derechos de persona con discapacidad, porque debemos cumplir una cuota de personal con esas características, y ya la tenemos completa".  Esa era la razón por la que no ingresó mi carnet cuando entraron mis papeles.  El reconocimiento de mi condición de discapacidad depende de si hay cupo para otro más.

Como viviencia sociológica, y ya sabiendo de algún modo de antemano la respuesta, me animé a ir donde la trabajadora social.  La conversación fue más o menos así:

- Hola, quería ver cómo puedo justificar mi ausencia al trabajo tal día. Tengo una enfermedad catastrófica y tuve un episodio de crisis, y no pude venir.
- Necesita certificado médico que avale su ausencia
- No fui al médico... es una enfermedad catastrófica, así que lo único que me han recomendado los médicos es que cuando tenga una crisis, repose.
- Sí, le entiendo pero necesita un certificado médico, avalado por el IESS. Qué pena, no puedo "ayudarle".

Listo.  Me tocará conseguir un certificado falso, porque si no la contraloría le llamará la atención al empleado y al empleador. O uno de un médico tratante que me "acolite" con la mentira, claro que pagándole la consulta. Conclusión: los procedimientos burocráticos pesan más que el bienestar de una persona.

¿Qué marco legal nos ampara? Las personas con discapacidad podemos utilizar el siguiente marco legal, recopilado por mi abogado asesor (quien también es mi pareja) y que lo copio a continuación:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

Artículo 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en los siguientes principios:

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, generacional e intercultural;

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de las personas con discapacidad; 

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionable;

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad está legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva según el caso;

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se atenderá prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de sus requerimientos se procesarán con celeridad y eficacia.

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES:

Art. 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, tanto en el sector público como en el privado, de conformidad con la Ley. Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con discapacidad.

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa, debidamente certificada, tendrán derecho a dos (2) horas diarias para su cuidado, previo informe de la unidad de recursos humanos o de administración del talento humano.

Registro Oficial N.798, de 27 de septiembre 2012, que determina los criterios de inclusión de enfermedades consideradas catastróficas: aquellas patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por es de carácter prolongado o permanente pueda ser susceptible de programación. Generalmente cuentan con escasa o nula cobertura por parte de las aseguradoras.

Criterios de inclusión para las enfermedades catastróficas: que impliquen un riesgo alto para la vida; que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente; que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o parcialmente, en los hospitales públicos o en otras instituciones del Estado Ecuatoriano, lo cual definirá el MSP.

Enfermedades catastróficas cubiertas:

Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas, Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. Malformaciones arteria venosas cerebrales.

*****

Estas citas legales las incluí en un documento solicitando el manejo de mis horas de trabajo, de modo que no me resulten agotadoras y tenga que hacer reposo de recuperación.  La carta concluía con dos breves párrafos, la copio para que sea reproducida por quienes lo requieran, y con esto finalizo esta entrada:

"Con fundamento en una interpretación jurídica destinada a garantizar de la mejor manera mis derechos, se concluye que: si bien en el segundo párrafo del Art. 52 de la Ley Orgánica de Discapacidad se reconoce el derecho de dos horas diarias de permiso al funcionario bajo cuyo cuidado se encuentren personas con discapacidad severa, mas aún se debe reconocer este tipo de permisos cuando la persona con discapacidad severa o en este caso, con enfermedad catastrófica es el funcionario quien solicita dicho permiso amparado en los certificados cuya necesidad así lo acreditan. En este caso, la solicitud de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con discapacidad.

Con base a la normativa citada y adjuntando los certificados médicos que avalan mis problemas de salud, es mi pedido que se considere la flexibilidad en mi jornada laboral, cuando por episodios críticos de salud así se requiera, ya que no es procedente para mi caso presentar certificados médicos, por la razón de que no existe un tratamiento que alivie los malestares, más que el reposo y el descanso físico para evitar la recurrencia de los malestares propios de las patologías que padezco".

La no-opción de tener discapacidad, parte 1

No basta con tener discapacidad, hay que socialmente pagar por ello. 

Y sabemos que, lastimosamente, el sistema funciona con base a la desconfianza, a todo nivel.

En el caso de la salud, este tema se complica. Si te sientes mal (desde una simple gripe, fiebre, cólico menstrual, hasta alguna enfermedad crónica) tienes que dejar constancia de ello en un papel, con la firma de un tercero que asegure que eso es cierto; nunca será suficiente con tu palabra.

Claro, inmediatamente una piensa: “si no fuera así, mucha gente mentiría”.

De acuerdo, y por gente mentirosa y viveza criolla quienes de verdad necesitan un día de descanso deben involucrarse en un drama de papeleos y trámites.

Los debates sobre permisividad están siempre abiertos: ¿qué pasa en una sociedad en la que es legal el consumo de drogas recreativas? ¿esto aporta a que se reduzca o se incremente y se vuelva un golpe social, un fracaso?; ¿en las sociedades en las que el aborto es legal, como un derecho de la mujer, las cifras de abortos crecen? Para nada. Esto me lleva a recordar la época del colegio, por ejemplo. En una institución educativa permisiva y relajada no habría tenido ninguna gracia hacer travesuras y saltarse la ley, lo encantador era que con tanta disciplina no te descubran; con padres permisivos, no había necesidad de mentir, y así sucesivamente.

Soy una firme creyente de que es posible construir sociedades basadas en la confianza. 

Porque si no, siempre terminarán pagando justos por pecadores. 

Primera parte: Calificación y certificación: “le juro que tengo una enfermedad catastrófica y no estoy mintiendo”.

Y de hecho, no quiero tenerla. No fue mi decisión ni mi elección. Lo que le pido es que me certifique que no miento,  porque donde estudio/trabajo no me creen si no es con su firma.  La mía no garantiza nada.

Tuve una experiencia desagradable, hace ya varios años, sacando el carnet del CONADIS,

sin embargo fui privilegiada, considerando que no tuve que esperar meses por un turno: envié una carta a la Presidencia indicando que requería con urgencia del carnet, ya que estaba próxima mi matrícula en la universidad y que requería que ingresen en mi expediente esta condición, con el fin de que en caso de necesitar faltar, no sumen las faltas y no pierda mi beca completa. Así que gracias a una comunicación desde Presidencia me atendieron de inmediato en el hospital público (sin esperar, como me dijeron en ese lugar, tres meses para el turno de atención), y el trámite demoró  un poco más de tres semanas en dicho centro.

La primera meta a conquistar fue la trabajadora social del hospital, que debe ser obligadamente público (si, porque supongo que todas las clínicas particulares son susceptibles de aceptar dinero a cambio del certificado, o esos médicos son presuntos mentirosos/farsantes, y eso no los autoriza a otorgarte el carnet... o porque la gente paga por él, mintiendo una discapacidad para obtener "beneficios": viveza criolla que genera desconfianza, de nuevo: no somos todos).

La funcionaria me miraba de pies a cabeza, espulgándome mientras se preguntaba qué rayos hace una niña bien en un hospital público, y si me hubiera preguntado le habría dicho que no es mi elección, que así lo manda la ley. 

Así que mi presencia parecía que no era de su agrado, y lo que imperaba de su parte era una actitud despreciativa, dudosa de mi honestidad y de la de mi requerimiento. Asistí como a cuatro entrevistas con ella y su colega, y cada vez aparecía una nueva traba; a cada obstáculo de su parte, yo revisaba la ley orgánica de discapacidades, y les respondía que estaban equivocadas, y así la siguiente vez tenían un nuevo argumento, y yo una nueva respuesta; recuerdo la insistencia sobre que mis certificados y exámenes médicos no tenían valor porque eran de centros y hospitales privados. Busqué en la ley y no había nada… a mi amable y moderado reclamo (no sentido, pero obligatorio si quería que me sigan “ayudando”, el poder real y efectivo de los funcionarios y su buena voluntad), me dijeron que revisarían… me alejé un poco y las escuché susurrando “pero doctora, ya no le trabemos más… cierto es que no hay ley para exigirle eso… ya dejémosle no más ir a calificación”.

Siguiente paso: la calificación con base a los certificados, una vez que las trabajadoras sociales consideraron que sí estoy enferma. Una médica, en su consultorio, con una fila de tres personas con evidentes discapacidades físicas con turno de entrada anterior al mío. La primera, una anciana sin brazo, que no pudo ni siquiera ingresar a esa oficina, porque la encargada le gritó “pero ya le dije que usted no es discapacitada… tiene otro brazo, señora”. El mismo comentario fue para el señor que tuvo el segundo turno, que había perdido un ojo, pues está claro que tiene otro, y no amerita el carnet (según la calificadora, claro). La tercera persona era un chico en silla de ruedas, con parálisis cerebral, quien entró con su madre, y fueron atendidos a puerta cerrada.

Finalmente llegó mi turno, y ya no quise ni entrar, pero luego de tremendos y profundos debates con las trabajadoras sociales consideré que era un triunfo haber llegado al siguiente nivel.

La doctora recibió mis exámenes y certificados médicos que avalaban mi condición, diagnósticos, recomendaciones de neurólogo, cirujano vascular, bioenergético tratante. Me dijo, al igual que sus compañeras funcionarias, que debían ser del hospital en el que me encontraba, certificados por su neurólogo. Le dije que eso no está en la ley, y que además el examen principal, bastante costoso, fue hecho en un centro de los dos únicos que tienen la máquina requerida. 

Aceptó de mala gana, y sacó la biblia de la calificación de discapacidades, pues las mías son múltiples; un mega libro en el que están citadas todas las enfermedades calificadas como discapacitantes. Entonces procedió a calificar a cada una: “por A… le pongo 30… por B..., digamos que 25, esto es más grave, pongámosle… 50”. Además, la doctora me iluminó con el hecho de que al tener seis cirugías hasta ese momento, eso podría significar que ya no estoy “tan mal”, así que no requiero mayor puntaje. No importaron los exámenes y certificados, ese era su criterio. Metafísica del poder una vez más. Desconfianza y dudas, una vez más.

Me dio una hoja llena con sus veredictos y me indicó que suba donde otra trabajadora social, encargada de indagar sobre la parte socioeconómica. Subí con la hojita de sus calificaciones. La funcionaria era amable, me acuerdo justo porque fue la única que me dejó buena impresión.

El interrogatorio fue más o menos así: “Verá, su posición socioeconómica pesa en la calificación… se promedia con la de la doctora, ¿no? Así que me va respondiendo por favor con la verdad: ¿nivel de estudios?; ¿zona de residencia?; ¿cargas familiares?; ¿casa propia o arrendada?; ¿cuántos hermanos tiene?”.

Puntué cero: iniciaba el cuarto nivel de estudios, vivo en Bellavista en un departamento de los años 80 que compré con préstamo hipotecario a 10 años, y que ya terminé de pagar, no tengo hijos ni hermanos, y los perros y gatos no cuentan como familia. Soné.

De casi 65% de promedio de los problemas físicos, a su vez promediado con la situación socioeconómica, terminé en 33% como calificación.

Parte final del periplo (final alargado): con la hojita, tenía que ir a un centro de salud para que me emitan el carnet. Primero fui al de La Tola, en el que me indicaron que cayó un rayo y se quemó la computadora de la persona encargada de emitir los carnets, y que estaba en trámite la asignación de otra, y que no sabían cuándo pasaría ese magno evento. Como una anécdota "divertida", mientras nos contaban este cuento, rompieron el vidrio del carro de mi papá que me acompañó, y nos robaron la radio.

Fuimos al centro de salud 2, en Las Casas. Mi papá se quedó cuidando el carro sin ventana, y yo fui a solicitar el carnet. Resultó que el doctor encargado de la emisión del documento estaba de vacaciones, y en su lugar no había quedado nadie para resolver estos temas. Teníamos que esperar a que regrese.

Por efecto de una amiga que tenía una amiga en el centro de salud de Calderón fui a parar allá con la recomendación y el pedido de urgente. Finalmente ahí me entregaron mi carnet, funcionarias mucho más amables que en todos los otros lugares, breve y sin trámite. El viaje en bus alimentador demoró más que la emisión del carnet ese día, pero valió la pena.

Y este es el brevísimo relato de la aventura tramitológica de sacar el necesario documento. Para la segunda parte, algunas de las experiencias laborales para una profesional con discapacidad.

¿Qué retos tiene la izquierda progresista para la agenda urbana?

“La ciudad es el espacio público por excelencia”

Oriol Bohigas, arquitecto y planificador urbano español.

La izquierda tradicional fue incorporando, desde inicios de este siglo, prácticas participativas que mantuvieron la priorización de la justicia social en los temas tradicionalmente tratados como prioritarios para el mejoramiento de las condiciones de vida.  En los últimos años se sumó la categoría de “progresismo”, la cual concibe a la justicia social como una cuestión de redistribución económica ante todo.  Esta fusión permitió que nuestro país tenga un horizonte claro durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, en cuanto a planificación nacional.

¿Qué nos hace identificarnos con estas tendencias ideológicas que priorizan lo social?  Cuando pensamos en “izquierda” la vinculamos con valores que van de la mano de la búsqueda de justicia social: la equidad, la distribución equitativa, las reivindicaciones de causas sociales, la vida digna.

Sin embargo, ¿no mantiene en su discurso la derecha, también “progresista”, los mismos valores al referirse a temas de ciudad?  Si revisamos todos los planes maestros de ciudad, particularmente en el caso de Quito,  notaremos que incluyen estos criterios, además de otros conceptos urbanos de avanzada, como sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida.  Al mismo tiempo, el concepto del Buen Vivir se incorporó en nuestro país a partir de una Constitución progresista de izquierda, y engloba todas estas tendencias.

Algo similar sucede con la categoría de “participación”.  Una gestión participativa implica redistribución de poder; así, desde las tendencias más orientadas a la derecha se propone la participación para descentralizar al Estado y restarle poder de decisión y resolución de problemas urbanos; desde tendencias orientadas a la izquierda,  se orienta la gestión participa es vista más bien como un proceso de articulación y acercamiento de la ciudadanía al Estado y lo público, y de ahí la importancia de la organización de la comunidad para lograr este vínculo. 

Así,  estos postulados son utilizados para los temas urbanos independientemente de las posiciones ideológicas. 

Entonces, ¿cuáles dimensiones nos corresponde promocionar y defender como ideas de izquierda progresista para nuestras ciudades?

•     La revolución como estrategia de transformación y cambio.

•      Los sectores populares.

    Lo popular, en tanto categoría socioeconómica, se asocia directa y exclusivamente con criterios de clase. Los sectores populares, que además son mayoritarios, demandan condiciones de vida digna de las que el resto de sectores ya han abastecido, como los servicios básicos, la legalización de sus viviendas, el acceso a la educación.  Las necesidades de los sectores populares han sido una prioridad para el pensamiento de izquierda, y la satisfacción de ellas debe seguir siendo una prioridad, al igual que dignificar su presencia y permitir su voz en las decisiones sobre los territorios.

•      La diversidad socioeconómica, pero también la cultural y etaria.

   Procurar la construcción de una izquierda incluyente con los sentires culturales y diversos, incorporando elementos de distintas identidades y formas de pensamiento que aporten a la construcción de sociedades más equitativas.  El papel de jóvenes y mujeres en las luchas sociales es fundamental para la equidad.

•     Recuperar la dimensión ética de la política: la política como vocación de servicio.

Mantener coherencia entre lo escrito y lo que se hace.  Muchas de las actuales ordenanzas tienen criterios claros y novedosos, , pero no resultan exitosas en su aplicación y menos aún en su control.

•     Valores que propugnen la primacía del ser humano sobre el mercado y el capital.

Del mismo modo, que cada quien aporte con lo que le corresponde de acuerdo a su salario y sus condiciones económicas.  Es básico mejorar la recaudación tributaria, y generar educación en el tema de modo que se pierda el miedo a las multas, y se adopten mejores comportamientos.  Los peajes, por ejemplo,  como fondos para administrar vías para sus usuarios, y el deterioro urbano (físico, contaminación por ruido y del aire, etc). Sin embargo, no se piensa en los beneficios colectivos de estos aportes, por lo que urge superar el individualismo neoliberal.

•     Fortalecer la sociedad para la transformación ética

“Una revolución necesita al menos dos condiciones básicas: transformar las instituciones y al sujeto” (plan de gobierno Alianza País, 2017-2021). Para el efecto, son fundamentales la conformación de tejido organizativo y la formación permanente para adquirir herramientas de participación, gestión y veeduría de lo público. 

En la actual coyuntura es prioritario recuperar la clase media progresista que se alejó del proyecto político por falta de estrategia y experiencia política de líderes, desacuerdos coyunturales, y otras causas  diversas, y que es un apoyo importantísimo para la consecución de la equidad y la justicia sociales.

•     Mayor conciencia del significado de lo público, el bien común y los intereses colectivos.  Colocar al espacio público como el eje articulador de lo urbano.

Actualmente existe desvinculación de la ciudadanía con los espacios públicos, como generadores de vínculos y dinámicas sociales, necesarios para la vida urbana.  Urge reivindicar los espacios públicos y vigorizar la presencia ciudadana en la actividad de la ciudad.  También es necesario generar las condiciones de accesibilidad a todos los grupos sociales para la democratización de este espacio.  En este sentido, el tema de la movilidad urbana está vinculado directamente con temas de desigualdad y privilegios de minorías pudientes sobre mayorías: en Quito, aproximadamente el 70% son usuarios de transporte colectivo, peatones y ciclistas, pero el 30% del espacio público está destinado para ellos. Algo similar sucede con el tema de las urbanizaciones cerradas y la falta de espacios de encuentro colectivo.

Democratizar el espacio público también implica enfatizar en procesos culturales y educativos, implantando bibliotecas públicas y centros culturales, y el uso libre y gratuito del internet, al estilo de los Infocentros construidos durante los 10 años de Revolución Ciudadana.  A la par, proponer la organización comunitaria para las redes de comunicación, la igualdad en la asignación de frecuencias y el comercio organizado y solidario.

La conciencia sobre lo público tiene un efecto positivo e inmediato en el tema de seguridad: no basta la infraestructura (centros de vigilancia policial, etc), la organización comunitaria es un puntal para fortalecer las condiciones seguras en las calles.

•     Participación ciudadana permanente

Invitar a participar no debe ser confundido con la conformación de clientelas con fines electorales: temas sensibles, como el de la vivienda digna, acarrean generalmente tendencias corporativistas y formaciones de clientelas coyunturales.

El ejercicio del presupuesto participativo permite que los recursos públicos se orienten al cumplimiento de demandas ciudadanas reales, determinadas desde los actores-usuarios.  Este ejercicio es una oportunidad para ejercer equidad para el desarrollo local, la priorización, la recuperación del debate público y del lugar público.

•     Planificación urbana con base a la equidad y la justicia social

Es prioritario el ordenamiento territorial y la planificación ordenada, que no responda a egos de los gobernantes de turno, si no a las necesidades reales de la ciudad.  Se debe hacer énfasis en combatir la especulación del suelo,  con una gestión eficiente desde el GAD, que democratice el acceso al suelo y la vivienda.

Los planes de uso y gestión del suelo para la construcción de vivienda popular deben ubicarse en la medida de lo posible en sectores centrales de la ciudad, donde ya exista cobertura de servicios básicos y se tienda a la reducir los traslados.  Además, deberán procurar el equilibrio entre vivienda y espacios públicos.

Estas consideraciones se resumen en lo que se desde las últimas décadas del siglo anterior se plantea como “derecho a la ciudad”, lo cual implica: gestión democrática, priorización  del interés general al particular y garantía de un hábitat seguro y saludable, todo ello procurado a partir de políticas de participación, seguridad, planes de movilidad sostenible, anticipando a los grupos de atención prioritaria, revitalizando los espacios públicos y generando vivienda digna y servida, con espacios de ocio y recreativos, como necesidades básicas para el disfrute y la identificación con la ciudad y los vecinos de ciudad.

Quito

Históricamente la izquierda ha mostrado su preocupación en lo urbano por los temas de vivienda popular,  segregación espacial y escasez de servicios básicos.  Actualmente, con una cobertura promedio de 96% de servicios básicos (año 2014),  es indispensable recoger desde la ciudadanía prioridades y demandas adicionales:  

C0BERTURA SERVICIOS BÁSICOS QUITO DM	%
AGUA -  red pública	96,03%
BASURA -  carro recolector	96,52%
ALCANTARILLADO – red publica	90,91%
ELECTRICIDAD	99,55%

Durante las últimas administraciones municipales se ha adolecido de falta de planificación,  y de una pobre y limitada visión de ciudad.  Se ha realizado grandes obras, con gigantes presupuestos, como monumentos a la memoria del alcalde de turno, ya que son obras que benefician a estratos acomodados (generalmente obras viales, intercambiadores, túneles para usuarios de transporte privado). Los beneficiarios no han sido las mayorías.  Como muestra, basta con hacer un ejercicio presupuestario en el tema de transporte y movilidad:  ¿cuánto se ha invertido para la construcción de autopistas, carreteras y vías para vehículos, y cuánto para mejorar la seguridad peatonal y el acceso a transporte colectivo? 

En Quito hay una crisis de propuestas urbanas desde la clase política, desde los partidos, en cuanto no han sabido cumplir su rol de intermediadores entre el Estado y la sociedad.  La obra pública ha respondido a cálculos electorales más que a un ejercicio participativo de priorización de demandas. 

Asentamientos del sur y del norte, habitados por sectores populares, han sido el blanco de las administraciones más vinculadas a tendencias de izquierda, ya que se ha intervenido en el tema de legalización de barrios, la cual además es planteado como una estrategia de réditos electorales y conformación de clientelas. En las ciudades es más clara la tendencia de gobernar con permanentes intenciones electorales

La concreción de la política,  en tanto servicio y construcción de ciudadanía y de lo público ha estado afectada en la ciudad de Quito por procesos de segregación tanto física como simbólica, privatización de espacios públicos y falta de planificación.  En administraciones de la centro-derecha se contribuyó a la diferenciación sur/norte, en cuanto se invirtió con criterios estéticos en el norte de Quito, mientras el sur fue dejado de lado; el único nexo entre ambos mundos fue la creación del Trolebús. 

En la anterior administración, vinculada a la izquierda progresista, hubo inversión en temas de regeneración urbana (soterramiento, bulevares), que se promocionaron como recuperación de espacio público; sin embargo, fue evidente la escasez de políticas urbanas estructurales y de educación ciudadana.  Desde la sociedad civil se generaron varias propuestas, pero la participación a colectivos se limitó o fue cooptada; la agenda desde los nuevos movimientos urbanos no ha sido aún del todo acogida o asimilada por los partidos y autoridades de turno. 

¿Qué tiene para ofrecer una tendencia de izquierda progresista a nivel urbano?  Propuesta de acciones.

• Es fundamental dar paso a nuevos temas de la agenda urbana, algunos de ellos de urgente tratamiento, que permitan racionalizar, estatizar y centralizar la producción de ciudad.  Proponemos:

a)    vivienda: legalización, no especulación del suelo, dotación de servicios básicos, arriendos justos
b)   transporte digno y solidario, movilidad segura, accesibilidad
c)    comercio popular y solidario, reactivación para el empleo
d)   espacio público de calidad: seguridad ciudadana, vida cultural, infraestructura segura para grupos de atención prioritaria y mayorías
e)    educación permanente en formación política y  ciudadanía, y sus valores fundamentales: solidaridad, respeto, igualdad, equidad, justicia
f)    fortalecimiento inclusivo de la sociedad civil: sectores populares y clases medias, gremios profesionales, empresariales, para una construcción colectiva de ciudad

• Para gobernar anticipando lo popular se debería priorizar temas como la vivienda, las tarifas de servicios, el transporte. Es imprescindible para la izquierda articular un discurso que se arme desde los territorios, de modo que lo local alimente la creación de un movimiento nacional de izquierda. 
• Los ejes transversales de una propuesta urbana podrían incluir: énfasis en la construcción del hábitat sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida, y el cogobierno con la ciudadanía.  Esto es posible desde la implantación de mecanismos reales de participación.
• Para su ejercicio,  se debe retomar el establecimiento del presupuesto participativo, gestionado desde las organizaciones de base, temáticas y la ciudadanía. Las prácticas participativas deben significar un cambio efectivo, real, en las relaciones de poder, en cuanto al acceso para la toma de decisiones de parte de actores que tradicionalmente no son escuchados.
• Una ciudad inclusiva debe darle nuevos significados a lo público.  Se debe revisar el funcionamiento de la institucionalidad municipal, en la que la participación también tenga un rol protagónico.  Por otra parte, se debe planificar sin descuidar las esferas físicas, sociales, identitarias.
• Otro elemento fundamental para convertir a Quito en una ciudad inclusiva es jerarquizar los servicios de acuerdo a las necesidades de los diversos grupos sociales de la ciudad.  El reconocimiento de mayorías, (usuarios de transporte colectivo, jóvenes, etc), permitiría que las políticas públicas destinen presupuesto que se concrete en obras reales.
• Priorizar lo mayoritario sobre lo corporativo: los acuerdos con los transportistas, por ejemplo,  son indispensables para frenar su poder excesivo sobre las autoridades de turno.  De igual modo, las restricciones para los automóviles livianos no deben estar sujetas a ofertas de campaña: una nueva agenda debe pensar en las alternativas de movilidad que favorezcan a la mayoría y dignifiquen sus condiciones.
• De ahí, la suprema importancia de una voluntad política firme para emprender procesos participativos, y para la toma de decisiones sin las amenazas gremiales.  El concejo tiene un rol fundamental para estos cometidos, por lo que es imprescindible restarle poder a las empresas que actualmente actúan casi con autonomía en el gobierno local.